RIO DE JANEIRO (AP). Al igual que la mayoría de los brasileños, la pasión de Evandro dos Santos por el fútbol linda con lo religioso. Incluso cuando no podía mirar un juego, le encantaba escuchar el rugido de la multitud en el cercano estadio Maracaná, un templo de ese deporte.
Río de Janeiro está dando al barrio que se encuentra en los alrededores del estadio un rejuvenecimiento de 63,2 millones de dólares como preparación para la Copa Mundial de fútbol del 2014 y de los Juegos Olímpicos del 2016. Maracaná será la joya de la corona en ambos acontecimientos, al realizarse la apertura y clausura de las Olimpiadas y la final de la Copa del Mundo dentro de sus gloriosos muros azules y grises.
El barrio pobre donde ha vivido dos Santos con su familia durante 19 años, conocido como Favela do Metro, no cabe en la foto. Está siendo destruido por aplanadoras. Cientos de familias han sido desalojadas como parte de un proceso de "revitalización" para los grandes acontecimientos y las hordas de extranjeros que atraerán.
"Están destruyendo nuestro barrio por un juego", se quejó Santos, de pie en el minisúper y bar que administra enfrente de la casa de su familia.
Por todo Río está siendo desalojada gente de sus casas en decenas de comunidades como Metro para abrir paso a avenidas nuevas, sedes olímpicas y otros proyectos.
Las autoridades se negaron a decir cuánta gente está siendo afectada y muy probablemente no proporcionarán detalles sobre los planes para las áreas donde hay desalojos.
Documentos obtenidos por la AP, sin embargo, muestran que tan solo en el 2010, la autoridad municipal de vivienda realizó 6.927 pagos por costos de reasentamientos, renta de suplementos o pagos para desalojas a gente en 88 comunidades en todo Río.
A nivel nacional, aproximadamente 170.000 personas están enfrentando amenazas a su vivienda o ya han sido desalojadas en las 12 subsedes de la Copa del Mundo, según la Coalición de Comités Populares para la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos, un grupo que defiende los derechos de los residentes en los barrios pobres afectados.
En Río, la autoridad de vivienda de la ciudad y los comités internacional y local de la organización de las Olimpiadas dicen que todo está siendo realizado conforme a la ley. Pero residentes, activistas y autoridades jurídicas afirman que se está abusando de los derechos y advierten que eso podría ser el legado de los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo.
La oficina de Jorge Bittar, jefe de la autoridad municipal de vivienda de Río, respondió a repetidas solicitudes de la AP sobre los desalojos con un comunicado diciendo que el "reasentamiento se ha realizado de la manera más democrática posible, respetando los derechos de cada familia".
Señaló el documento que funcionarios explicaron a cada familia el valor de su propiedad, y después ofrecieron que escogieran entre varias opciones: una casa en un complejo federal de viviendas subvencionadas en el lugar de su elección, un estipendio de hasta 230 dólares mensuales para rentar una vivienda que ellos buscarían por sí mismos, compensación por su vivienda, o asistencia para adquirir otra.
El Comité Olímpico Internacional y Río 2016, comité organizador local, señalaron en un comunicado que están siguiendo de cerca el asunto del reasentamiento y que piensan que los desalojos cumplen con la ley brasileña.
Residentes de Metro y abogados narran otra historia.
De pie en el bar que administra, dos Santos hace gestos ante la capa de ladrillos, metal retorcido y yeso quebrado que rodea su casa. Al otro lado de la calle, a un costado, e incluso en el piso superior, se han demolido casas. Niños juegan en los escombros, que se han estado acumulando desde que iniciaron las demoliciones a inicios del 2009. Otras viviendas están etiquetadas en azul con las letras SMH, iniciales de la autoridad municipal de vivienda; eso significa que serán las siguientes demolidas.
Pero nadie en Metro sabe con seguridad qué le espera al barrio. El comunicado de la autoridad de vivienda sólo dice que "el área alrededor del estadio será revitalizada totalmente".
Algunos residentes fueron amenazados por trabajadores de la ciudad que les dijeron que no tenían derecho al suelo, el cual ocuparon en la década de 1970. Los trabajadores señalaron a los residentes que "ni siquiera eran propietarios de las paredes de sus casas", comentó dos Santos.
Inicialmente, se les ofreció viviendas construidas por el gobierno en un suburbio de clase trabajadora a 72 kilómetros (45 millas) de distancia, con pobre acceso a transporte y empleos. Aproximadamente 100 familias aceptaron, bajo coacción. Otras 100 más o menos tomaron la oferta que le siguió: reubicarse en una urbanización subvencionada más cercana.
Aproximadamente 270 familias se están resistiendo, empero, dijo Francicleide Souza, presidente de la asociación de residentes de Metro.
"Estamos viviendo con temor e incertidumbre", comentó Souza. "No sabemos qué sucederá mañana a nuestras familias", agregó.
El pago de compensación por vivienda desalojada en el 2010 promedió 16.000 dólares. La cantidad varía según el tamaño y calidad de la estructura.
El dinero ofrecido no es ni con mucho suficiente para encontrar otra vivienda en Río, dijo Eliomar Coelho, un concejal de la ciudad que encabeza una investigación sobre los desalojos. Estudios de mercado señalan que el mercado inmobiliario de Río está ahora entre los más caros del continente americano.
"Si se va a sacar a alguien de su casa, se le tiene que proporcionar una alternativa que sea igual o mejor", señaló Coelho.
Alexandre Mendes, hasta hace poco jefe de la unidad de derechos de vivienda de la oficina de defensores públicos del estado de Río de Janeiro, sostiene que el proceso de reubicación está plagado de ilegalidades.
"Muchos de estos desalojos no respetaron principios y derechos considerados básicos en la ley local e internacional", enfatizó.
Existen decenas de casos pendientes con denuncias de irregularidades durante los últimos tres años, dijo Mendes. Señaló los abusos incluyen sacar familias de sus casas por la noche mientras una excavadora espera para realizar la demolición, obligando a las familias a mudarse a viviendas subsidiadas distantes, y el pago de poco dinero por sus casas a quienes escogen la compensación financiera.
En el caso del barrio marginado de Restinga, que abrió el camino a la nueva autopista Transoeste a través de la parte oeste de Río, Mendes fue despertado a medianoche por llamadas de residentes. Fue justo antes de la Navidad del 2010, comentó. Mendes llegó al lugar a las 2:30 a.m. y vio maquinaria pesada derribando casas. Si la gente se negaba a salir, las paredes eran derribadas con ellos aún adentro, agregó.
"Puedo describir la brutalidad de ese momento porque estaba ahí y la vi", apuntó.
La gente de Metro sabe todo esto, y teme mucho más ya que funcionarios de la ciudad les han proporcionado poca información concreta.
FUENTE: Agencia AP
